"Vamos a tratar de marear la perdiz" (Patiño)

El discurso de Ricardo Patiño ante la CIDH, aquí. Algunas observaciones al respecto:

En primer lugar, nada mejor que arrancar con una mentira gorda al puro estilo Alvarado:

Vamos a hablar de los derechos humanos. Queremos decir a esta Comisión que  el Estado ecuatoriano reconoce los derechos humanos de todos los ciudadanos que viven en nuestro territorio, independientemente de cuán poderosos sean o de cuánta capacidad de presión tengan.

Como se dice en mi ex-país: tiren de la otra, que tiene campanitas. Se reconocerá (de momento) el derecho a la vida (a una vida bajo tiranía, por supuesto); pero el derecho a la propiedad privada está siendo sistemáticamente socavado por una multitud de leyes y reglamentos que condicionan lo que uno puede tener y a qué usos se puede destinar: por ejemplo, que no se puede tener una empresa mediática y una de otro tipo, o digamos que un casino. El derecho al juicio justo y al debido proceso, que siempre fue entelequía en este país, ha sido pisoteado bajo este gobierno como ningún otro: no hace falta mirar más lejos que los casos Samanes vs Palacio, donde una jueza bajo presión gubernamental tuvo que hacerle auto da fe al diccionario para hallar culpable al acusado, o Correa vs El Universo, donde la sentencia que se impuso, que contradice elementales principios de justicia,  ni siquiera provino del juez sino, al parecer, del abogado del Presidente. Ni hablemos del derecho a la libertad de expresión, que es despreciado a diario: personas detenidas por "mostrar un dedo" ante ya sabemos quién, o por colgar en su página web una imagen considerada vulgar y soez que supuestamente atenta contra el "honor" de un destacado funcionario gubernamental amigo del mismo inmencionable y majestuoso sujeto. La lista de tales agresiones es inacabable. A esto hay que sumar la violencia física emprendida por los seguidores del Caudillo (esto del Caudillo no es ironía, por si acaso: su amigo, ex profesor y destacado protégé Arellano Raffo así le llama públicamente) en consecución de sus objetivos, más notoriamente visible en hechos como el tristemente famoso Dayuma. Ello, junto a la ubicua propaganda mediática llena de incitación al odio, ha creado paulatinamente un clima de miedo, hostigamiento y terror gubernamental que de por sí es antagónico a la libertad de expresión. El gobierno gusta de recordarnos que los "grandes medios" critican abiertamente al gobierno, y aduce esto como demostración de que sí existe tal libertad (lo hace Patiño al final del discurso). Lo que se olvidan de contar es, primero, que muchos de estos "grandes medios" (El Universo, Ecuavisa y Teleamazonas, entre otros) ya han sido involucrados en costosas represalias legales, con amenazas de cárcel de por medio, a veces por tonterías (como la supuesta creación ilegal de un "sistema", cuando algunas emisoras se juntaron para debatir, precisamente, la libertad de expresión); y segundo, que entre los ciudadanos de a pie, los que no tenemos ni recursos ni abogados caros para defendernos, la única defensa que tenemos es el anonimato, pues ya está demostrado con qué saña el gobierno persigue y destruye a cualquiera que en su propio nombre ose ser crítico con el regimen.

La pregunta central aquí ¿hay libertad de expresión? en la práctica se puede reformular así: ¿cuáles son los requisitos mínimos para que uno cualquiera pueda expresarse con libertad? A lo que yo contestaría: primero, un espacio; segundo, la ausencia de miedo, de amenazas condicionantes; y tercero (aunque esto parece tan obvio que es fácil de olvidar) la ausencia de interrupciones (no hace falta sólo espacio, sino tiempo). Respecto a esto último, el gobierno ecuatoriano ha descubierto un ingenioso truco: dejemos que el opositor hable, pero ¡le interrumpimos a cada rato! Yo mismo fui testigo de la aplicación de este método, cuando todavía laboraba Carlos Vera en Ecuavisa, y fue interrumpido brusca y repetidamente por improvisadas "cadenas gubernamentales" que le tildaban de "mediocre" y de "mentiroso" y no contentas con eso, mostraban la imagen de su casa en clara violación del derecho a la intimidad (sabemos dónde vive, Carlitos, cuidadito con lo que dice: fascismo puro). En cuanto a la ausencia de miedo y de amenazas, es obvio que la creación de miedo es el eje central de la estrategia mediática de este gobierno, pues si no, difícilmente se entiende que apenas son capaces de masticar la palabra "libertad" sin agregarle apresuradamente "con responsabilidad ulterior". ¿De qué responsabilidad hablan? La responsabilidad jurídica en casos de calumnia contra personas naturales está establecida desde hace más de un siglo, y para la mayoría se sobreentiende. En realidad de lo que se trata es de crear nuevas y difusas "responsabilidades" penales, para lo cual no han  dudado en impulsar una Ley de Comunicación, como si la comunicación necesitara de leyes, a más de un sinfín de engorrosos reglamentos (como aquel mencionado arriba, que sanciona la creación de un "sistema", entiéndase esto como se quiera, sin la venia de las Autoridades). Todo esto, con el fin de disuadir a cualquiera que se sienta tentado a formular la más anodina crítica contra el todopoderoso Regimen, o a impulsar cualquier novedad, sea tecnológica, artística, social o de otra clase, sin el visto bueno del oficioso Funcionario.

Resumiendo: en lugar de lo que nos dice la razón y el sentido común, que la comunicación es de naturaleza intrínsicamente pacífica y sin trascendencia legal (salvo posibles y discutidos "casos especiales", como el referente a la seguridad nacional), la ideología del gobierno que inspira la nueva legislación se basa en la aparente creencia de que las palabras son armas explosivas, que sólo se deben manejar por profesionales, con un sinfín de precauciones, lejos de grandes núcleos urbanos y preferiblemente bajo escrutinio uniformado.

En cuanto al requisito de "un espacio", esto recibirá tratamiento más abajo, pues constituye uno de los argumentos claves de Patiño en lo sucesivo.

En todo caso, lo más ridiculo de este preámbulo de Patiño es esto de que los derechos humanos de los ciudadanos se protegen en Ecuador "independientemente de cuán poderosos sean o de cuánta capacidad de presión tengan". No sé cómo se puede decir algo así sin sonrojarse. ¿A alguien se le ocurre que la honra de cualquier ciudadano que no sea el Presidente valga cuarenta millones? Si el mismo código penal lo dice: castigo para la calumnia grave, dos años si es contra un simple civil, tres si es contra una "autoridad". Si alguien me hace a mí un gesto supuestamente insultante con un dedo, y llamo al paco más cercano para que le detenga, ¿lo hará? Dejémonos de tonterías. En Ecuador hay una ley para los poderosos y otra para el resto. Que siempre haya sido así, puede ser; pero no vayamos a la CIDH con cuentos de hadas.

Respetamos el derecho de quienes han hecho uso de la palabra para defender los intereses de sus grandes empresas, pero queremos recordarles que también son humanos los derechos de las y los ecuatorianos que han sido excluidos sistemáticamente de sus derechos en los anteriores períodos gubernamentales.

Lo que está en discusión es lo acaecido en este período gubernamental. Si hay algo que la CIDH todavía puede hacer en cuestión de resarcimiento tardío de derechos vulnerados en anteriores períodos, el actual gobierno tiene plena libertad para llevar esos casos ante el mismo organismo, y de hecho es el actor idóneo para hacerlo. No recordamos haber visto a esos caballeros aprovechándose de tal posibilidad. Y si no puede hacer nada la CIDH al respecto, ¿para qué mencionar esos casos? Eso se llama marear la perdiz.

Parece que esos derechos no eran tan humanos o tal vez esos humanos eran menos humanos que los caballeros, digamos las cosas como a ellos les gusta que les llamen, aquí presentes.

Lo que está en tela de juicio es si el derecho a la libertad de expresión de alguno de esos "caballeros" (Zurita y Calderón, por ejemplo) ha sido vulnerado. A lo que Patiño contesta: ellos no protestaron cuando... Ajá. Así que mis derechos humanos sólo son válidos en la medida en que yo me esfuerzo por proteger los derechos de otras personas. Es decir, los derechos de un destacado luchador social, un oenegista de alto vuelo, o digamos, un popular Presidente que se llena la boca de Patrias y de Revoluciones Ciudadanas, son cosa seria, pero los de un humilde ciudadano que no tiene tiempo ni para llevar pancartas en manifestaciones, son nimiedad. Interesante teoría. Me pregunto si la gente de la CIDH estarán al tanto de esta novedad jurídica.

Y no podemos decir que los derechos a una vida digna por parte del conjunto de la población son, desde el punto de vista jurídico, más importantes que el derecho a la libertad de expresión, pero sí son más relevantes desde el punto de vista humano. Es más duro, más inhumano, más cruel, ser condenado a la pobreza intergeneracional, a no tener empleo, a no acceder a educación de calidad, a no tener vivienda, a no tener salud, a estar enjaulado o metido en una cueva por culpa de una discapacidad física o mental.

Esta pobre perdiz... En primer lugar, no existe el derecho a una vida digna. Nunca ha existido, y no solamente porque no habrá dos personas en el planeta que se pongan de acuerdo en el significado preciso de "digna" en este contexto, sino porque un derecho no es otra cosa que una garantía de parte de una persona o una institución (habitualmente un gobierno), y el primer requisito para que la tal garantía pueda darse es que la persona o institución realmente disponga de la posibilidad de asegurar lo que se garantiza. Y con la mejor voluntad del mundo (que no es el caso habitual), ningún gobierno puede garantizar que todo miembro de la población disfrute de una vida "digna", mientras existan la pobreza, los acreedores, los hemorroides, las enfermedades crónicas, los Aedes aegypti, o las iglesias evangélicas ubicadas frente a casas particulares y dotadas de sistemas de amplificación de sonido. Por no hablar de los políticos. Para mí es evidente que el paso más grande hacia una vida digna para todos sería que los políticos dejaran la política y se dedicaran a trabajar, por ejemplo, en alguna camaronera (sector en auge, según El Telégrafo). Pero dudo que este último punto el Sr Patiño lo entienda, así que dejémoslo correr.

Y sí, soy consciente de que la frase "no existe el derecho a una vida digna" se interpretaría desde la esfera aliancista como franca confesión de tendencias satánicas. Aclaremos que una cosa es un derecho y otra, un desideratum (sí, en serio, la dignidad me encanta, aunque con la mujer adecuada también a veces puedo prescindir voluntariamente de la mía). Confundir estas dos cosas lleva directamente al infantilismo, como aquello que se llegó a discutir en la Asnamblea Constitucional, el "derecho al goce sexual". Por ello, los derechos más "relevantes", en palabra de Patiño, no son necesariamente las cosas que más desearíamos que se cumplieran, sino los que el gobierno (en este caso) tiene más posibilidades de garantizar efectivamente, sin por ello lesionar otros derechos. En el caso de la libertad de expresión, es sencillísimo: el Estado lo garantiza simplemente comprometiéndose a no intervenir.

¿Por qué lo digo? Pues porque libertad significa ausencia de coerción (uno tiene libertad cuando nadie tiene poder para coartarle) y en temas de expresión, la experiencia demuestra que en general y con alguna salvedad fácilmente resguardable, el único ente capacitado para impedir definitivamente la expresión de alguna idea es el propio Estado. Aclaremos las cosas. Si soy periodista y mi jefe me impide publicar un artículo en el diario para el cual habitualmente escribo, no he sido afectado en ningún derecho, pues la libertad de expresión abarca solamente la expresión de una idea, no la garantía de una determinada audiencia. El periodista tiene el derecho, como cualquiera, de decir o de escribir lo que le da la gana; pero no el "derecho" a exigir que otros lo publiquen, en detrimento incluso de sus propios intereses. Por lo menos en eso están de acuerdo los correistas conmigo, pues en el caso El Universo han considerado que los Pérez, al haber consentido la publicación de las supuestas difamaciones de Palacio, actuaron dolosamente, es decir que tendrían que habérselo censurado. Y es por eso mismo que los lamentos de Patiño respecto a periodistas supuestamente censurados por sus jefes carecen de toda lógica. Puras lágrimas de cocodrilo, a las que no pienso dedicarles más comentario, pues la contradicción es de sobras evidente.

¿Qué tal si esos millones de ecuatorianos que han vivido en la pobreza, discriminados y que fueron empobrecidos por las políticas públicas de los gobiernos neoliberales hubieran tenido la oportunidad de venir acá a denunciar la violación de sus derechos humanos? Bueno, tal vez no habrían conseguido que les concedieran visa para entrar a este país, como no la pudieron conseguir en su momento los padres del ecuatoriano Franklin Aisalla, ciudadano asesinado en el ataque de Angostura del 2008, para atender un llamado de esta misma comisión. Ahora me estoy dando cuenta de la diferencia, hay unos que sí tienen derecho a obtener visa y otros no.

Cito textualmente a la última entrega de "Emilio Palacio en Internet":

La delegación [de los periodistas] mencionó, asimismo, el acoso contra Wilson Cabrera, dueño de una pequeña radioemisora en la Amazonia, y Pepe Acacho, dirigente indígena, a quienes el gobierno de Ecuador no permitió que asistan a la cita con la CIDH.

Siendo certera esta afirmación, la hipocresía de Patiño quita el aliento.

Ahora, la parrafada principal. Ánimo, que después queda poco.

Bueno, pero veamos ¿qué ha pasado con los derechos humanos en el Ecuador?

700 mil créditos entregados a ecuatorianos antes excluidos del sistema económico.

¿Hay un derecho consustancial a la naturaleza humana a recibir créditos? En qué declaración universal o panamericano se recoge eso?

La recaudación de impuestos en este gobierno subió en un 74% con el aporte de los que más tienen (justicia fiscal).

Es decir, está en pleno apogeo el derecho a ser robado. Enhorabuena, Patiño. Incluir esto en un supuesto listado de "cumplimiento de derechos" demuestra una mente sumamente creativa.

Cientos de miles de casos atendidos de personas con discapacidad invisibilizados antes de nuestro gobierno y que no tenían acceso a atención médica, empleo o asistencia social.

"Casos atendidos de personas con discapacidad". ¿Cómo se traduce esto? ¿Se les curó la discapacidad? En tal caso, ¿dónde están los peregrinos? ¿No tiene Ecuador derecho a codearse con Lourdes o con Fatima?

Creo que en realidad, lo único que dice Patiño aquí es que algunas personas con discapacidad fueron atendidos por la IESS, es decir mal y groseramente atendidos (yo soy afiliado, no me vengan con cuentos), por dolencias puntuales y comunes, pudiendo haber sido muchísimamente mejor atendidos en un hipotético sistema privado exento de interferencias gubernamentales.

Queda para otra ocasión comentar con la atención que se merece la actitud paternalista, discriminadora e insultante de un gobierno que considera como problema que las supuestas discapacidades sean invisibilizadas, es decir, que los discapacitados sean tratados como simples personas con idénticos derechos a los demás.

Aumento de 300% de inversión en educación, la que ahora es gratuita a nivel básico, incluyendo matrículas, uniformes, materiales de estudio; se han entregado 31 millones de textos escolares gratis, se incorporaron 55 mil niños y niñas a la educación pública. Del total del crecimiento en el acceso a los estudios universitarios gratuitos, el 40% ha sido de la población más pobre.

Nada es gratuito. Esto se paga con impuestos. Y como siempre en estos casos, lo que se ofrece es una miseria al lado de lo que se pudiera ofrecer en caso de existir una población no empobrecida y embrutecida por las interferencias gubernamentales y el robo de los impuestos, una población en control de su propio dinero y destino. En cuanto a los textos escolares, se entiende mejor la presteza del gobierno a distribuirlos gratis, habida cuenta de que en muchos de ellos se practica con absoluta desfachatez el adoctrinamiento y el lavado de cerebro a favor del Regimen.

Por otro lado, y lo digo por experiencia propia y personal de docente universitario, el estudiante que proviene de "la población más pobre" no es habitualmente mejor estudiante, ni más aprovechado, ni más destacado académicamente. Tampoco voy a sostener lo contrario de esta tesis, aunque cabe señalar que desde que se introduce la gratuidad, prolifera en medida sensiblemente mayor la deshonestidad académica (la cultura del plagio en unión con la ley del mínimo esfuerzo).

Se invirtió 6 veces más en ciencia y tecnología en este gobierno que en los anteriores.

¿Es un derecho humano tener un gobierno que gasta la plata del contribuyente en supuestos detectores de mentiras para chapas, o en laptops para asambleistas?

La inversión en salud se triplicó, pasando de 504 millones en el año 2006 a 1.473 millones en el presente; el sistema de salud pública atendió en el 2010 más de 30 millones de consultas y se triplicó la construcción de centros de atención. El Estado destina 184 millones anuales para adquisición de medicina que es entregada gratuitamente a la población.

Esta supuesta gratuidad sale caro. Como afiliado al IESS, pago mensualmente más de 10 veces lo que puede costar mi ocasional visita al médico y los medicamentos que hasta ahora me han dado. Antes, estaba afiliado a un seguro médico particular (Salud): más barato, mejor atención, no había comparación. Esta, señores, es la razón por la que el Estado nunca debería meterse en temas de salud: dondequiera lo hace, lo hace mal, de manera costosamente burocrática e ineficaz. La salud es algo demasiado importante para dejarla en manos de los políticos.

Por primera vez, el 51% del total de las nuevas viviendas en el Ecuador están en la zona rural.

Las grandes ciudades están que no dan más de sí. ¿Eso es bueno?

La cobertura de la Seguridad Social se incrementó del 39% al 55% de la población.

A punta de pistola, y habiendo mejores alternativas.

Este Gobierno ha realizado la mayor inversión de la historia en infraestructura vial, integrando a la población históricamente postergada.

Nuevo puente de Unidad Nacional. ¡Me siento tan integrado ahora!

En total, la inversión pública se incrementó en 110% pasando a ser relativamente la mayor en América Latina y el Caribe, y una de las más eficientes del continente.

¿110% respecto a qué? Alguien que le dé clase de estadística al ministro.

Repito: el significado de "inversión pública" es "dinero robado a los ciudadanos y usado para fines distintos a los que ellos, en libertad, harían". Es decir, inversión pública es prácticamente sinónimo de violación de un derecho humano: el derecho a disponer libremente de lo que es de uno, ganado con su esfuerzo. Evidentemente, cuanta más "inversión pública" hay, menos respeto a los derechos, en este sentido, encontraremos.

En cuanto al acceso a la información y comunicaciones, en los últimos 4 años hemos duplicado el número de usuarios de Internet a nivel nacional

No me lo creo. Que se haya duplicado ese número en el país, puede ser: que sea todo ello consecuencia de lso esfuerzos del gobierno me parece afirmación temeraria, hasta ridícula. A menos que se argumente que, ante las restricciones de las libertades de prensa, cada vez más gente se convence de la necesidad de conectarse en línea para disponer de versiones no oficiales de los acontecimientos. En este sentido, el gobierno puede haber tenido algo que ver, admitámoslo.

; por otro lado el uso de telefonía celular es uno de los más altos de América; la democratización de los medios de comunicación,

¿Qué chucha significa esto?

así como el acceso efectivo de la población a la información plural

Galimatías.

y a la posibilidad de expresar sus ideas libremente

(y de ir a la cárcel por ello)

, se plasma en el incremento de la entrega de licencias

a los "amiguitos"

para el uso de frecuencias de radio y televisión, nacional, urbana y rural más grande realizado en la historia del Ecuador en un período de gobierno, asignación técnica y transparente ejecutada luego de una auditoría realizada por mandato constitucional, hoy existen en el país 1174 emisoras de radio y 446 de televisión. El Estado ha entregado 14 frecuencias a radios comunitarias, de las cuales 13 fueron directamente a nacionalidades indígenas.

En fin. Impresionante sermón, que lo único que demuestra es que Patiño tiene más vocación de cura que de abogado. ¿Qué tendrá todo esto que ver con el caso El Universo, con el caso Zurita y Calderón, o con el precio del pescado? ¿Alguien tiene alguna remotísima idea?

En mayo de 2009, la Comisión Auditora de Frecuencias de Radio y Televisión creada por mandato constitucional, determinó que, durante el período comprendido entre enero de 1995 y diciembre de 2008, aproximadamente un tercio de todas las concesiones de frecuencias en el Ecuador fueron obtenidas de forma ilegal, o mediante transacciones privadas de dudosa legitimidad, por apenas un puñado de grupos empresariales. Este proceso de concentración y privatización de las frecuencias de radio y televisión fue posible, en gran medida, debido a las deficiencias normativas de la Ley de Radiodifusión y Televisión vigente, la cual fue promulgada en 1975, en plena dictadura militar. Para que se hagan una idea, el órgano estatal encargado de otorgar las frecuencias, previsto en dicha ley, estaba conformado, entre otros, por los mayores propietarios de medios de comunicación. Estos no dudaron en asignarse a sí mismos un gran número de licencias, sin el menor atisbo de pudor.

Todo lo cual demuestra, sin lugar a dudas, que el sistema de licencias está abierto a abusos, que serán aprovechados por cualquier gobierno (que el lector decida si este gobierno de "manos limpias" será la excepción). Solución: que exista libertad, constitucionalmente garantizada, para que cualquiera use las frecuencias que quiera cuando quiera, sin necesidad de licencia alguna ni más trámites absurdos. (La tecnología para que esto no incida en la recepción de tu telenovela favorita ya existe.)

Como resultado de este proceso, el escenario mediático de alcance nacional quedó reducido a ocho grandes grupos, ligados a ocho “ilustres” apellidos. Según lo señala el Análisis de Desarrollo Mediático en Ecuador publicado en marzo de 2011 por la UNESCO, estos grupos son: 1. Grupo Egas; 2. Mantilla; 3. Pérez; 4. Alvarado; 5. Martínez; 6. Eljuri; 7. Vivanco; y, 8. Grupo Isaías. Casualmente, estas familias han estado tradicionalmente vinculadas a grandes consorcios comerciales, industriales y, especialmente, bancarios de nuestro país. El mismo estudio señala que los medios privados utilizan el 83% de las frecuencias de televisión y el 89% de las frecuencias de radio, en tanto que los medios comunitarios no ocupan ninguna de las frecuencias de televisión y apenas el 0,2% de las frecuencias de radio.

Lo de los "ilustres apellidos". El señor Xavier Alvarado Roca, dueño de Ecuavisa y citado en este lista, aparte de compartir su "ilustre apellido" con ciertos altos funcionarios del actual gobierno, según mi somera investigación no heredó una fortuna mediática, sino que fue un pionero, hijo del dueño de una simple imprenta, que por su propia cuenta lanzó la revista Vistazo y más adelante y con los réditos de la revista, una modesta emisora televisiva, que creció debido no tanto al mecenazgo oligárquico sino al empuje, al talento, al espíritu emprendedor de su fundador. Puedo equivocarme, pero no creo que los antepasados de este señor hayan estado "vinculados a grandes consorcios comerciales" o de otra índole, aunque él mismo indudablemente sí. El informe de la UNESCO (léanlo: es más duro con el gobierno que yo, y hasta señala la incompatibilidad de la propia Constitución con los instrumentos internacionales: que lo citen los correistas me resulta algo sorprendente) no habla de familias sino de grupos empresariales tout court. El hallazgo de las familias supuestamente herederos de una larga tradición de hegemonía oligárquica, que ha hecho furor estos días entre el kommentariat gobiernista, creo que tendrá su parte de verdad pero me huele a simplificación interesada con cierta dosis de mala fe. En todo caso, si de verdad en Ecuador hay nada menos que ocho grupos comerciales con representación significativa en los medios nacionales, entonces la tal situación contrasta muy favorablemente con la de otros países, como por ejemplo el R. hUnDido, EEUU o España (en los primeros dos casos, el imperio de Murdoch impone el paisaje mediático, obviamente mediante politiquería y bajo protección estatal; en Inglaterra, el sometimiento de sucesivos gobiernos, incluido el actual, al malvado de Ruperto es espeluznante). En todo caso, como siempre he dicho, la solución al problema del supuesto poder de los medios nunca va a ser ponerlos en manos de quienes tienen muchísimo más poder, además de claras e inconfundibles intereses electorales. Esto creo que un niño de ocho años lo entiende. (Que traigan un niño de ocho años.)

A partir de que el Estado ecuatoriano y el actual gobierno se pusieron al servicio del pueblo al que legítimamente representan, y comienzan a restringir privilegios y canonjías de los grupos de poder -a los que representan los grandes medios de comunicación nacionales- entonces el panorama mediático se llena de sombras.

Que el Sr Patiño nombre uno solo de dichos "privilegios". En serio, me encantaría saber a qué se refiere.

¿Quiénes están descontentos con las políticas públicas? 1. Los grandes evasores de impuestos (importantes auspiciantes de los grandes medios), que ahora, para su mala suerte, los tienen que pagar;

Es normal, creo, estar descontento cuando te roban.

2. Los tenedores de la deuda externa a quienes les recortamos un dinero ducto a través del cual se llevaban ilegítimamente una gran parte de la riqueza generada en el país;

Traducción: si prestas un dinero, no esperas que te lo devuelvan. Tal esperanza sería "ilegítima".

Mejor que diga: es una cojudez, tratándose de gente tan irresponsable como los actuales gobernantes.

3. Los grupos económicos acostumbrados a prácticas monopólicas y oligopólicas, quienes nunca van a perdonar que el Estado haya decidido regular el sistema financiero y, peor aún, que haya logrado aprobar, a pesar de toda su oposición, una ley antimonopolio después de décadas de intentos fallidos;

Bzz: wrong answer. El descontento con la restricción de las libertades se hace patente mucho antes de que la reciente Ley "antimonopolio" (en realidad, antiprosperidad) fuera siquiera una destello en el ojo de su majestuoso auspiciante.

4. Las redes de contratistas corruptos que tenían secuestrados los ministerios y oficinas del Estado,

por ejemplo, los del hermano del Presidente (que, por supuesto, nada sabía)

a quienes el nuevo sistema de contratación pública les cortó el flujo incesante de recursos que compartían también con sus cómplices en la burocracia estatal; y muchos otros caballeros, miren con cuánta consideración los tratamos, que estaban acostumbrados a vivir en un país organizado para que se atiendan sus privilegios, en muchos casos ilegítimos o francamente ilegales, pero no para que se cumplan sus obligaciones.

El mismo aburrido cuento de siempre: la satanización de la oposición, de cualquier oposición. Fíjense bien en lo que dice Patiño. No es que los descontentos incluyan a algunos evasores de impuestos, privilegiados y demás, sino que se resumen en ellos. Es decir, para Patiño no existe siquiera la posibilidad de que una persona pobre y honesta esté contra los atropellos de este gobierno. A lo que yo siempre digo: si soy privilegiado, ojalá alguien me indique qué privilegios tengo, para empezar a disfrutarlos de una vez, antes que sea tarde.

Pero también el Estado ecuatoriano cometió el atrevimiento de emprender una política irreconciliable con la concentración del poder mediático privado: decidió crear medios de comunicación públicos, esto es, medios de propiedad del Estado y al servicio de la información en beneficio de la ciudadanía, y para colmo, conceder autorizaciones para que más ciudadanos y grupos sociales tengan acceso efectivo a instalar nuevos medios de comunicación. Ahí sí que ardió Troya. Que si era legal o no, que si se gastaban los recursos de los contribuyentes (hasta que se acordaron de ellos), que si se nombraba a fulano de tal como director, que si su hoja de vida les gustaba o no, que si una y mil cosas. ¿Cómo se podía atrever un gobierno a disputarles a ellos el control de la información y de la opinión pública?

¿Saben ustedes lo que significa en Inglaterra public school? ¿Será una escuela pública, estatal, o por lo menos abierto a todos? Al contrario: allá significa una escuela o colegio no solamente privado, sino carísimo, exclusivo, de la élite, destinado según tradición a proveer el país de ministros, primeros ministros, altos funcionarios, o capitanes de la industria. Por ello estoy dispuesto a aceptar como curiosa y pintoresca incongruencia la denominación de públicos refiriéndose a unos medios, como El Telégrafo, que aparte de proveer propaganda a favor del gobierno lo único que hacen es reunir a un elenco de asquerosos chupamedias, de un pasmoso servilismo, de los que resulten ser sabor del mes entre los mandamases del Regimen.

En fin, la lengua de Patiño le traicionó. ¿Lo que se pretende es, acaso, darle un espacio a la ciudadanía para que se exprese libremente? No: textualmente, el objetivo es "el control de la información y de la opinión pública". Ahí los tienes. Quieren controlar nuestra opinión. No hay más.

De paso, es notable y aleccionador el desprecio que tiene Patiño hacia "el dinero de los contribuyentes". Como todo político, le cuesta entender que ese dinero no es suyo, para hacer con él lo que le plazca. (Lejos sea de mí recordárselo.)

Ante una política pública tan heterodoxa, por decir lo menos, los grupos de poder vieron amenazado su estatus, y decidieron hacer un frente corporativo contra el proyecto de cambio que representa la Revolución Ciudadana. Este frente ha llegado al punto de erigirse en actor político de primer orden.

Así que "frente corporativo", eh. Dónde se reunirán. Cuáles serán los documentos ultrasecretos que revelen la tal conspiración en toda su dimensión. Si no me molesto con signos de interrogación, acaso entenderán el por qué.

De hecho, estos grupos han desplegado una ofensiva mediática, política y económica, que pretende persuadir a las y los ciudadanos, así como a los organismos internacionales, de que los cambios que se están realizando en la estructura de propiedad de los medios de comunicación y en la estructura de acceso a los medios y tecnologías de la comunicación, son per se vulneraciones a la libertad de expresión. Para ello han recurrido a todo tipo de recursos informando interesadamente, ocultando información y muchas veces, directamente desinformando y mintiendo. La consigna es que todo proyecto de cambio legislativo, institucional o administrativo emprendido desde el Gobierno Nacional debe ser necesariamente boicoteado y abortado en nombre de una mal llamada libertad, para mantener así el estado de privilegios imperante a favor de los grupos familiares de empresarios que monopolizan los flujos, los medios y las tecnologías de comunicación e información.

Todo eso sería más creible si en algún lugar hubiera surgido una propuesta desde el gobierno de ampliar o garantizar las libertades existentes. En lugar de ello, lo único que han hecho es intentar restringirlas. No hay que ser empresario para sentirse afectado por tales restricciones. Hasta los humildes blogueros a quienes apenas nadie nos lee nos sentimos amenazados. (Yo ya tengo planificado mi método de suicidio si me llevan a la cárcel.)

"Mal llamada libertad"... ¿Por qué les cuesta tanto de entenderlo? Libertad de expresión significa que cualquiera puede expresar lo que le dé la gana, como y cuando le da la gana, sin pedirle permiso a nadie, utilizando los medios de difusión que pueda o que tenga a su alcance, sin que nadie más esté obligado a cederle ninguno contra su voluntad. Así de simple. Que sea bueno o malo es otra cuestión; que existan casos especiales donde se debe de restringir, es otra más; que sea factible, o moralmente justo, suplementarlo con otros derechos complementarios es otra todavía. Pero el significado es claro, y es el mismo en todo el mundo. Sólo aquí se les ocurre a estos incalificables revolucionarios rebautizar como "libertad" el servilismo, el vasallaje, la subvención, el despilfarro o el cretinismo. Sólo en estos trasnochados climas.

Debemos caer en cuenta que la reacción virulenta contra la política del Estado está limitada a los dueños y representantes de ciertos grandes negocios privados dedicados a lo que ellos llaman comunicación. La inmensa mayoría de los pequeños y medianos medios de comunicación del país son testigos de la plena libertad de expresión de que gozan y no acompañan estas desatinadas acciones libertarias.

Pura mentira. Ya en otro lugar hemos rebatido esto con casos concretos, hasta de periodistas citados en cadenas gubernamentales como "satisfechos", que luego resultan no serlo en absoluto. Yo personalmente leo a diario reclamaciones y quejas conta estas políticas de Estado, en Twitter por ejemplo, y ni uno solo de estas emanan de "dueños y representantes de grandes negocios". Empiezo a preguntarme si Patiño es capaz de algo más que del ad hominem ya trillado.

Por otro lado, ese rol protagónico en la política ecuatoriana que antes apuntábamos, ese poder de influir en decisiones vitales para el conjunto del país, no emana de ningún tipo de representatividad democrática. Más bien se sustenta en su capacidad para concentrar medios, controlar la información e influir así en la conformación de la opinión pública. Más aún, desde determinados rotativos y determinadas frecuencias, se ha practicado (y aún se practica) el acoso a jueces, asambleístas y otros cargos públicos. Desde los despachos del poder mediático, se ha acusado y difamado sin pruebas tanto como se ha insultado.

Maravillosa inocencia. A Patiño nunca se le habrá ocurrido que el escritor del Universo, o el periodista de Ecuavisa, "influye en la opinión pública" solamente en la medida en que el público se lo permite; es decir, que antes de influir, hay que ganarse credibilidad... y que este proceso es exactamente el mismo que para el político que espera ser elegido. Es decir, en uno y otro caso funciona de igual manera la democracia, con la única diferencia de que al político se le escoge como representante, y al columnista como fuente predilecta de información (en el sentido más amplio). Diferente sería que al periodista se le concediera poder político, es decir, un papel diferente al que el lector le otorga voluntariamente. Si eso alguna vez ha pasado, pues merece toda condena, pero la culpa en todo caso sería de los gobiernos que se dejan aconsejar, cojudamente, por simples chupatintas.

"El acoso a jueces, asambleistas y otros cargos públicos". Realmente, hay que vivir en este país para apreciar el humor que esta sentencia encierra. Como si en Ecuador se pudiera acosar a cualquiera de estos ilustres entidades sin acabar en una celda en menos de lo que canta un gallo. Que se insulte es otra cuestión. Eso es el deporte nacional, y nadie más adicto que el propio Presidente. Cualquier columnista, hasta el más ocurrente, palidece en comparación con los inmensos recursos del Mandatario en cuestión de descalificaciones. Los más avispados se conforman con imitarlo. Todo esto lo sabe de sobras Patiño, lo que pasa es que aquí está ante un público de cojudos y hay que aprovecharlo.

Impulsamos una Constitución garantista, que amplia los derechos en el ámbito de la comunicación, mucho más allá de la sola referencia a la libertad de expresión

La respuesta del Gobierno fue entonces la de promover un proceso constituyente, sin lugar a dudas ejemplar, en términos de ampliación de derechos y libertades. Por supuesto, también en beneficio del derecho a la libertad de expresión, opinión e información. El nuevo texto constitucional incorporó al ordenamiento jurídico ecuatoriano, con calidad de derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales de la comunicación, con el propósito de democratizar la comunicación y generar condiciones materiales, sociales, jurídicas y políticas que permitan disfrutar a todos los ciudadanos de las libertades de expresión, información, opinión y prensa. Esta información ya ha sido presentada ampliamente por el señor Procurador General del Estado, minutos antes.

Ya me harté de escuchar lo de la Constitución "garantista". A efectos prácticos, la cosa está vista, lo único que garantiza es que el gobierno hará lo que le da la gana, amparado en el supuesto derecho de alguna supuesta entidad, como puede ser "el humilde y para nada presidencial ciudadano común Rafael Correa". (O si no, que me expliquen todas las veces que alguna acción gubernamental haya sido declarada inconstitucional por los independentísimos señores del Tribunal Constitucional). En todo caso, valga esta cita del propio estudio de la UNESCO citado por Patiño:

Article 18-1 of the Constitution of Ecuador is incompatible with the right to freedom of expression recognized in international instruments because it establishes prerequisites for information.

Más claro y contundente, imposible. Así que va Patiño a Washington a defender una constitución lesiva con los derechos humanos. Suerte.

No sé si este señor en serio cree que para que exista libertad de expresión primero tiene que crearse la Utopía de un país sin pobreza, sin enfermedad, lleno de radiantes escolares gratuitamente uniformados, que pasan media hora cada mañana cantando himnos a la Patria y a su glorioso Caudillo. Puede ser. En todo caso, es una buena excusa para que la tal libertad no exista. "Espere, estamos en ello... en cuanto hayamos asegurado nuestra reelección hasta el año 3000, en cuanto estemos libres de sarampión, en cuanto ya no existan recien nacidos muertos y enterrados en cajas de cartón para ser denunciados, entonces ya verás, habrá una libertad realmente immmm-presionante..."

Palabra de Pativideofaciente.

Y ante la campaña abiertamente distorsionadora, mentirosa y confrontativa de las élites en el poder y de algunos medios nacionales de comunicación, el Gobierno Nacional enfrenta teóricamente dos opciones: Por un lado, ejercer la censura. Esto, en ningún caso hubiera sido aceptable para nosotros, ya que iría contra nuestro programa, contra la Constitución que juramos defender, y contra el espíritu garantista que promulgamos como organización política.

Y, por otro lado, queda la opción de contestar. Pues bien, desde el comienzo, esa fue siempre nuestra alternativa. Tomamos la palabra, y comenzamos a contrastar las versiones y argumentos de los medios empresariales con nuestras versiones y argumentos; y con las de otros. Creemos que desenmascarar sus intereses corporativos ayuda a prevenir también sus excesos; así como el sentido real de sus apelaciones a la democracia y a las libertades. En definitiva, no se les censura; al revés, se disputa su monopolio sobre la verdad, confiando en que el pueblo ecuatoriano tenga los criterios y la información suficiente en ese debate para que sea capaz de construir su propia versión de la realidad política.

Así que ¿no será censura eso de amenazar con cárcel y multa de cuarenta millones a quien diga algo con que el Presi no esté de acuerdo? Interesante teoría. En todo caso, Patiño, como cualquiera de su estirpe político, ignora olímpicamente la tercera opción, la que es practicada en cualquier país de tradición democrática, que consiste en no hacer nada. En dejar que hablen, y mientras tanto dedicarse a lo suyo, a "gobernar" como ellos gustan de llamar eso de malgastar los dineros robados. Respetar la libertad de cualquiera de opinar como le dé la gana, y al mismo tiempo, tener suficiente vergüenza como para darse cuenta de que el papel de un representante, en democracia, no es y nunca será presentar "su" propia "versión". El representante no habla, chucha: escucha. Un Presidente democrático, a diferencia de uno autoritario o de un dictador, si se reserva para algo los sábados no es para discurrir a su propio favor sino a recibir quejas y reclamaciones de los ciudadanos. Pero en este país, el simple acto de dirigirse a un político con algún asunto, sin protocolos y con la carta en la mano, ya de por sí se considera una impertinencia y un posible acto de desestabilización o de terrorismo. De acuerdo: hablamos de una cultura ya heredada, secular; pero lo que este gobierno ha demostrado de sobra es que el servilismo le hace tilín donde otros estimulantes no pueden.

Sus intenciones de desprestigio contra el Gobierno actual y contra las instituciones del Estado, para su mala fortuna, no les han servido para mucho. El Presidente Rafael Correa goza de una aprobación de su gestión de gobierno que en muchas décadas ningún Gobierno ha logrado. Ya para cumplir cinco años en el Gobierno, más del 70% de los ecuatorianos la califica favorablemente.

Otro cantar se encuentra en el informe de UNESCO, que recoge el dato de que una mayoría de la población no está de acuerdo en ser arengada cada sábado y el resto de los días por estos incansables megalómanos. (Tal vez por esto el tema de las cadenas no salíó en la última Consulta Popular.)

Estamos tan seguros de que ésta es la vía de respuesta, que les contestaremos públicamente allí donde se plantee la disputa. En el campo mediático o en los tribunales ecuatorianos. Incluso si eligen acudir a organismos como el que hoy nos acoge. Porque también esto nos da la oportunidad de poner en evidencia contradicciones como la de verse interpelado por el cumplimiento de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en la cuidad capital de un país que ni siquiera la ha ratificado. Porque nos permite denunciar la capacidad que tienen determinados poderes por marcar la agenda de organismos como esta Comisión, en un momento en el que las alertas ante violaciones de derechos humanos en el hemisferio deberían estar encendiéndose en otras latitudes, y contra otros derechos humanos tan valiosos como los relativos a la libertad de expresión.

De nuevo: pobre perdiz. Ahora resulta que la CIDH se equivocó de país.

De igual modo, se discute en la Asamblea Nacional, una Ley de Comunicación inclusiva que pretende abrir y garantizar espacios, no ya sólo a los medios de comunicación empresariales; no sólo a un aparato estatal de comunicación, que también incorpore parámetros de gestión distintos a los exclusivamente empresariales. También a la comunicación comunitaria y otras experiencias asociativas, que han sido largamente olvidadas por la mayoría de los estados. Queremos extender el uso de las herramientas para la comunicación social que ofrecen las nuevas tecnologías a nacionalidades.

Magnífico paternalismo. Si tienes la mala suerte de pertenecer a una "nacionalidad", evidentemente no sabrás mover el ratón solo. Papá Estado, al rescate. Y todo bien, hasta que tu "comunidad" de repente resulte ser compuesta por "terroristas". El resto, que lo cuente Llori.

Por Dios. Si existe una "comunidad", entonces se supone que ya tiene que haber comunicación, si no, no existiría. El Estado no tiene que crear lo que ya hay. Por eso, en países donde domina la sensatez, se "olvida" el asunto. Digámoslo de otra manera. Si yo no le pongo cachos al vecino ése del Hyundai Terracán, es porque ya tiene. Hasta ha tenido que instalar sun roof por ello. Más vueltas no se le puede dar.

En todo caso, debemos reconocer que existe un nivel importante de crispación política en el Ecuador. En aras de la libertad de expresión, se toleran todos los abusos al derecho de la libertad de expresión, porque hay que tener un alto nivel de tolerancia para soportar tal cantidad de tergiversaciones y falsificaciones de la realidad por parte de ellos.

Un derecho no se puede "abusar". O existe o no existe. No hay más. ¿O esos ecuatorianos que viven 100 años estarán abusando, acaso, del derecho a la vida? En cuanto al "alto nivel de tolerancia", en todos lugares eso (también conocido como "piel gruesa") se conoce como requisito indispensable para ser político. ¿Que a Patiño nadie se lo dijo antes de meterse en ese mundo? Qué pena. Como que al domador de leones nadie le había dicho que el animal tenía dientes.

Ahora bien, una cosa es calificar, y otra muy distinta es utilizar las plataformas mediáticas para lanzar acusaciones insidiosas de extrema gravedad. En un Estado de Derecho, ningún ciudadano puede perder la posibilidad de defenderse en los tribunales frente a alguien que, sin aportar prueba alguna, lo acusa públicamente de ordenar una matanza. Saben ustedes el caso al que me refiero.

Sí, pero en un Estado de Derecho esto se resuelve con derecho, no con cortes corruptas y amañadas, ni con sentencias pasadas en pen drive. En un Estado de Derecho todo asunto relativo a difamación y calumnia se regula a través de la ley civil, sin que exista ninguna dimensión penal. En un Estado de Derecho, ya que lo mencionas, la ley es la misma para "autoridades" y "no autoridades". En un Estado de Derecho, los interpelantes en un juicio no utilizan una poderosa y siniestra maquinaria de propaganda estatal para lanzar "cadenas" a favor propio, ni tampoco utilizan turbas alquiladas para intimidar al contrario hasta en la propia sala de juicio. Y por último, en un Estado de Derecho no se inventan nuevas "responsabilidades" sobre la marcha, como excusa para condenar a quienes nada tienen que ver con la supuesta calumnia, pero sí en cambio pueden ayudar a engrosar el botín.

Existe censura previa en el país, pero es ejercida por los mismos dueños de los medios de comunicación.

Tontería ya comentada.

Complementariamente, el estudio sobre ¿Cómo viven y piensan la libertad de expresión los periodistas ecuatorianos? (2008), elaborado por la Universidad de las Américas (UDLA) en el marco de actividades de Laboratorio de Medios, sostiene que de 120 periodistas entrevistados, el 44% afirma que se ha abstenido de publicar algo por presión de los dueños o directores de medios, el 33% por los grupos de poder, el 21% por anunciantes y 19% por el Gobierno (es preciso tener en cuenta que en la elaboración de esta estadística algunos periodistas señalaron a uno o más de estos actores como agentes activos de censura). Este estudio confirma nuevamente que, en términos globales, el 88% de las acciones de censura provienen de actores privados, aunque los medios de comunicación nunca han visibilizado esta situación; y en cambio, por regla general, han sobre-visibilizado y sobre-dimensionado los casos en los que se considera que los funcionarios del Estado a nivel central, regional o local han desarrollado actos constitutivos o conducentes a la censura.

TYC. Sólo cabe recalcar que como la mayoría de medios nacionales son del gobierno, es más que probable que parte de esa "presión de los dueños o directores" provenga indirectamente del propio gobierno; y aun en caso de ser medios privados, lo más dable, sobre todo después del caso El Universo, es que el dueño o director que censure algo esté pensando en posibles represalias gubernamentales por no hacerlo. La otra posibilidad es que lo censurado sea una sarta de tonterías, claro está.

Sin embargo, comparadas estas cifras con algunas similares recopiladas en países de nuestro entorno, las mismas nos hacen ver que la libertad de expresión en el Ecuador goza de mucha vitalidad. Más cuando comparamos, también dentro de la región, cifras de personas amenazadas o asesinadas por motivos de opinión o expresión. En este sentido, el Ecuador constituye un ejemplo por la baja cifra de víctimas.

Tenemos un gobierno tan bueno, tan, tan bueno, que ¡no nos fusila!

Yo mismo, desde ya, pienso enviarle una tarjeta de sincero agradecimiento al Presidente por tal conmovedora generosidad.

Así mismo, el debate político, es absolutamente plural, y abierto. Las políticas gubernamentales son permanentemente puestas en duda y criticadas, y permanentemente el Gobierno hace una labor por explicar, contra-argumentar y rebatir.

Cosa que en una democracia real, como ya expliqué, no sucede ni tiene que suceder. ¿Cuándo lo entenderá el Sr Patiño?

En realidad, nunca antes de este periodo de cuatro años se ha escuchado debatir tanto sobre las posibilidades reales de desarrollar las distintas libertades y derechos recogidos en nuestra Carta Magna como en los últimos cuatro años. También los derechos de opinión, información y expresión. Quizá por eso, como dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano, “existe tanta libertad de expresión, que pueden salir públicamente a expresar que no les dejan expresarse”.

Y puede terminar en la cárcel por ello. Pero mejor no encombremos esta discusión tan bonita con hechos concretos. Ahora pongámonos de pie y entonemos todos el "Padre nuestro, que está en Carondelet..."